Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2020 – 2026
PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE Versión: V1 Febrero 2022
GUAGUASMUNICIPALES, S.A

CUADRO DE REVISIONES:

Versión	Fecha	Cambios	Elaborado	Aprobado
1	09/02/2022	Versión inicial

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE	4

DESTINATARIOS DEL PLAN	7

ORGANIGRAMA, ROLES Y RESPONSABILIDADES	7

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PLAN	9

PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS CONTRA EL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES	10

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN	11

Código de Conducta Empresarial	11

Política de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses	11

Gestión del conflicto de intereses	11

Formación y concienciación	12

Reparto de funciones y responsabilidades	12

Sistema de control interno de Guaguas	13

Autodiagnóstico	13

Evaluación de riesgos	13

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN	16

Indicadores	16

Canal de denuncias	16

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN	18

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE PERSECUCIÓN	19

Recuperación de fondos	20

Seguimiento del proceso	20

Potestad sancionadora	20

PUBLICIDAD DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE	21

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE	21

ANEXOS AL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE	22

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

Guaguas Municipales S.A. (en adelante “Guaguas”) nació en 1979 y es la empresa municipal de transporte de Las Palmas de Gran Canaria. Somos una compañía 100% pública y prestamos el servicio de transporte colectivo urbano en la ciudad. En 1979 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se convierte en nuestro propietario y en 1999 nos integramos en el consorcio que rige la coordinación de las empresas de transporte regular colectivo de viajeros en la isla de Gran Canaria, denominado Autoridad Única del Transporte.

Contamos actualmente con una flota superior a los 250 vehículos que prestan servicio en un total de 48 líneas que son explotadas directamente por la empresa municipal. 45 de estas líneas son servicios convencionales diurnos y tres de ellos operan exclusivamente en horario nocturno.

La longitud total de la red alcanza más de 850 kilómetros y disponemos de más de 800 paradas distribuidas por los cinco distritos del municipio. Nuestra compañía de transporte presta servicio los 365 días del año durante las 24 horas. Nuestros vehículos recorren cada año algo más de 11 millones de kilómetros, facilitando la movilidad a millones de clientes.

Guaguas Municipales presenta como objetivo prioritario ofrecer un servicio público más eficaz y eficiente, para ello estamos actualmente en el proceso más importante de renovación y modernización de nuestra flota, así como de todos sus sistemas de gestión e implantación de nuevos proyectos tecnológicos con los que realizaremos un importante avance tanto en el servicio como en la información y atención a los clientes, especialmente a personas que requieren de una atención especial.

En paralelo, nuestra empresa lidera el proyecto de la MetroGuagua con el que, en respuesta al Plan de Movilidad Urbana Sostenible vigente, se implementará una línea de alta capacidad en la ciudad, al tiempo que se reestructurará buena parte de la actual red de Guaguas.

Guaguas Municipales hace una apuesta firme por un modelo de gestión en consonancia con los tiempos que corren, en equilibrio económico, social y medioambiental, y basado en la seguridad y la calidad como elementos fundamentales del servicio.

Con fecha 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó la creación del programa Next Generation EU para estimular la recuperación económica y la reparación de los daños causados por la pandemia de COVID19. Estos fondos impulsan el avance hacia una Unión Europea más ecológica, más digital y resiliente ante los cambios y retos futuros.

El programa contempla dos instrumentos financieros:

El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que es la pieza central y está dotado con 672.500 millones de euros para la realización de reformas e inversiones públicas. El MRR facilita transferencias directas (no reembolsables) y préstamos a los Estados miembros, vinculados a la consecución de resultados.

La ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) es la otra iniciativa, dotada con 47.500 millones de euros, que continúa y amplía las medidas de respuesta y reparación de la crisis. Esta ayuda se ejecuta a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

Para acceder al Mecanismo de Recuperación de Resiliencia, que asignaba a España hasta 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, el Estado tuvo que presentar un plan donde definía los programas de actuación previstos y la estrategia para afrontar sus retos específicos.

Este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de la UE el 13 de julio de 2021, recoge el conjunto de inversiones que se realizarán, y el programa de reformas estructurales y legislativas previstas.

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera, obliga a los Estados miembros a incluir, en los planes de recuperación, transformación y resiliencia que presenten, el diseño de un sistema que contemple medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la UE, incluyendo la prevención, detección y corrección de los conflicto de intereses, la corrupción y el fraude en la utilización de los fondos otorgados.

[…] toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR tendrá que disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, con respecto a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. (art. 6.1) En desarrollo de este mandato, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del PRTR, establece lo siguiente:

1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores […] Por otro lado, a nivel nacional, nos encontramos con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece en su artículo 64.1 lo siguiente:

Por todo ello, y teniendo en consideración todas las obligaciones exigidas en la normativa vigente de aplicación, Guaguas crea y aprueba el presente Plan de Medidas Antifraude (PMA) para dar respuesta a los requisitos de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo del Plan es garantizar que los fondos correspondientes se gestionan de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, para proteger los intereses financieros de la Unión y en general los intereses financieros nacionales, autonómicos, insulares y locales. Todas las medidas que se aprueben en el marco de este Plan se consideran eficaces y proporcionadas teniendo en cuenta los riesgos identificados y los recursos existentes.

A tal fin, el Plan de Medidas Antifraude que implantará Guaguas como órgano de contratación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia combina una minuciosa evaluación del riesgo defraude, corrupción y conflicto de intereses en las actuaciones competencia del organismo, con la puesta en marcha de medidas específicas de prevención, detección y reacción adaptadas a los sistemas de control ya existentes en Guaguas, así como mecanismos que articulen una investigación coordinada en el momento oportuno, como planteamiento estratégico proactivo para reducir considerablemente el riesgo de fraude, corrupción y conflicto de intereses y, además, como un importante método disuasorio de éste.

El Plan de Medidas Antifraude de Guaguas se complementa con el Código de Conducta Empresarial que recoge sus principios éticos y de conducta, así como con una Política de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses, que expresa la tolerancia cero frente a este tipo de conductas por parte de la institución.

A continuación, se definen algunos conceptos de especial relevancia para la comprensión del presente Plan de Medidas Antifraude:

Riesgos de corrupción; es decir, la posibilidad de que alguien abuse en beneficio propio directo o indirecto, presente o futuro.

Riesgos de fraude; de acuerdo con el artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (en adelante, Directiva PIF) el fraude es la posibilidad de cualquier acción u omisión intencionada (en materia de gasto) relativa a:

El uso o presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes de la Unión Europea.

El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto.

El desvío de los fondos con finalidades diferentes de aquellas para las cuales fueron concebidos en un principio.

Conflicto de intereses (CI); el artículo 61 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero) establece que existe CI «cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal».

DESTINATARIOS DEL PLAN

El presente Plan de Medidas Antifraude, así como las distintas políticas y procedimientos que lo integran son de obligado cumplimiento para todos los miembros de Guaguas. En particular, aplica a quienes realizan tareas asociadas a la planificación, programación, gestión, evaluación y control de las actuaciones y contrataciones llevadas a cabo en la ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, las medidas del Plan serán aplicables, con el grado de obligatoriedad correspondiente, a las personas beneficiarias privadas, socios, contratistas y subcontratistas, que resulten perceptores o cuyas actuaciones sean financiadas con fondos públicos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Cualquier incumplimiento será sancionado de conformidad con la normativa interna de Guaguas y con la normativa legal de aplicación.

ORGANIGRAMA, ROLES Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se presenta un organigrama actualizado, así como el detalle de roles y responsabilidades en relación la gestión de los fondos europeos Next Generation EU:

Debe destacarse que, si bien existe una asignación de funciones atribuidas a cada Departamento, el ejercicio de las tareas asociadas a la planificación, programación, gestión, evaluación y control de las actuaciones y contrataciones derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas por los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no es estanco o atribuible a un único departamento.

En este sentido, aunque todos los departamentos mantienen una estrecha interacción prácticamente en todas las fases y tareas inherentes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se describen a continuación las funciones de los que más directamente intervienen en la gestión de estos fondos:

Las funciones de la Dirección General y el Gabinete de Apoyo a la Dirección General, relacionadas con la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son:

Disponer de un compromiso firme contra el fraude que implique una tolerancia cero ante el fraude y comunicarlo con claridad, a través de la Política de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.

Desarrollar un planteamiento proactivo, estructurado, específico y eficaz en la toma de decisiones para gestionar el riesgo de fraude.

Implantar el presente Plan de actuaciones contra el fraude que transmita, dentro y fuera del organismo, su postura oficial con respecto al fraude y la corrupción, una vez que el mismo ha sido aprobado mediante la correspondiente Resolución.

Por su parte el Departamento Jurídico y de Contratación tiene atribuidas entre otras las siguientes funciones en relación con las contrataciones derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas por los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1.- Asesorar y resolver las dudas legales que puedan surgir a la dirección de la empresa en todas las fases del diseño y planificación de la contratación financiada.

2. Preparación de las licitaciones de los contratos de obras, servicios y suministros financiados.

3.- Preparar los informes jurídicos pertinentes que resulten necesarios en cualquier fase del procedimiento de contratación referido a contratos financiados.

4. Gestión de los procedimientos de adjudicación de los contratos financiados.

5.-Cumplir con los trámites necesarios en caso de que se presente cualquier tipo de recurso o reclamación en cualquier fase del procedimiento de contratación referido a contratos financiados.

El Comité de Compliance es el responsable de la supervisión, coordinación y gestión del presente Plan de Medidas Antifraude, así como de la elaboración y actualización del presente documento.

Particularmente, en relación con los equipos que participan en la gestión de los fondos Next Generation EU, Guaguas identifica, en cada proyecto o expediente de contratación, a los participantes correspondientes, elaborando un listado1 El listado se cumplimentará en relación con cada proyecto subvencionado con fondos europeos y se registrará junto con el expediente y análisis de riesgos del mismo. con su identificación, el cargo que desempeñan en la organización o si es personal externo. El listado comprende una ficha como se muestra a continuación, por cada uno de los participantes:

Proyecto	*Referencia del expediente/proyecto
Nombre	*Nombre y apellidos del responsable
Cargo y área	*Departamento al que pertenece y cargo que desempeña
Funciones	*Funciones asignadas en el marco del PRTR
Interno/externo	*Indicar si se trata de personal interno o externo / entidad jurídica

Guaguas trabaja para garantizar que el presente Plan de Medidas Antifraude dispone de los recursos humanos suficientes y que estos cuentan con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles, con el objetivo de garantizar su óptimo cumplimiento.

Además, en relación con la contratación de la empresa, así como en la gestión de cada uno de los proyectos que se gestionen en el marco del presente Plan, la sociedad exige que exista una segregación entre las funciones de las personas que conforman el equipo de trabajo, al objeto de garantizar que no puedan dar lugar a conductas fraudulentas en relación con la gestión de recursos y la correcta administración de los fondos Next Generation EU, y tratar de prevenir cualquier tipo de conflicto de intereses.

Todo el personal tiene la obligación de informar sobre cualquier deficiencia existente para el desempeño eficaz de sus funciones, así como cualquier irregularidad sobre la que tengan conocimiento en relación con el fraude, la corrupción y la prevención del conflicto de intereses. Para ello, se ha implementado un canal de denuncias cuyo alcance está dentro del marco del presente Plan y que, en todo caso, respeta y garantiza el principio de confidencialidad, seguridad y de ausencia de represalias contra los comunicantes de buena fe, de acuerdo con la normativa de aplicación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

El presente Plan de Medidas Antifraude se encuadra en la estrategia de Guaguas de fomentar la integridad pública y combatir el fraude en la gestión de los fondos financieros públicos, en especial, los fondos de la Unión Europea. Esta estrategia pretende:

Constituir un enfoque estructurado para abordar el problema del fraude y de organizarse entorno a los cuatro elementos fundamentales del proceso de gestión contra el fraude: la prevención, la detección, la corrección y la persecución;

Especificar la estrategia para la integridad pública que regirá las actuaciones de la sociedad y permitirá el desarrollo de una cultura antifraude en Guaguas.

Basarse en la evaluación de los riesgos de fraude, corrupción y conflicto de intereses existentes en los procesos de gestión administrativa que desarrolla la sociedad al objeto de determinar el grado de idoneidad de los controles internos existentes para abordar los riesgos ligados a los distintos supuestos de fraude, corrupción y conflicto de intereses e identificar los ámbitos en los que se precise realizar controles complementarios;

Establecer medidas concretas para la prevención y detección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses en las actuaciones desempeñadas por el organismo, así como disposiciones específicas para supervisar la ejecución de las medidas antifraude y anticorrupción implantadas y para medir los resultados de su aplicación;

Asignar explícitamente responsabilidades para combatir el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses y atribuir funciones a distintas unidades en materia de ejecución, supervisión, coordinación y evaluación de la eficacia de las medidas antifraude y anticorrupción.

Establecer procedimientos para dar seguimiento a las sospechas de fraude, corrupción y conflicto de intereses, identificando canales de comunicación a tal fin y poniéndolos en conocimiento del personal de la sociedad, así como mecanismos de cooperación con los órganos competentes en la corrección y persecución del fraude, corrupción y conflicto de intereses, remitiendo los casos detectados de fraude y corrupción a las correspondientes autoridades investigadoras y procesales, y, en caso necesario, recuperar los fondos gastados de forma fraudulenta.

PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS CONTRA EL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES

Para lograr la implementación y la eficacia del presente Plan de Medidas Antifraude, Guaguas ha elaborado y aprobado una serie de procedimientos a través de los que se analizan los riesgos de fraude, corrupción y conflicto de intereses y se proponen mecanismos de prevención en relación con las principales áreas de fraude, corrupción y conflicto de intereses, así como herramientas de seguimiento y control orientadas a la minimización de los riesgos detectados en Guaguas, con la finalidad de prevenir y detectar el fraude y las irregularidades fraudulentas. Los procedimientos y herramientas se han dividido según su carácter preventivo, identificativo, correctivo o de persecución.

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN

La gestión del fraude, la corrupción o el conflicto de intereses implica realizar una importante labor preventiva que consiga atajarla en su origen y no únicamente en el Sector Público sino también, en los contratistas y subcontratistas encargados de la ejecución de los contratos financiados con fondos Next Generation EU.

En cuanto a la importancia de la prevención y la disuasión, de cara a minimizar las oportunidades de fraude, corrupción y conflicto de intereses, Guaguas ha hecho siempre pública su firme determinación de actuar en contra de todo tipo de prácticas fraudulentas que pongan en peligro el logro de los objetivos o atenten contra los presupuestos públicos, nacionales y comunitarios. Por ello, se establecen las siguientes medidas preventivas:

Código de Conducta Empresarial

Los códigos éticos forman parte de los marcos de integridad pública como instrumento interno de autorregulación que contribuye a la prevención de riesgos de fraude y corrupción en materias tales como la contratación pública, la concesión de subvenciones, el empleo público y la aparición de conflicto de intereses.

El objetivo del código de Conducta Empresarial es el de avanzar hacia el cumplimiento de las legítimas aspiraciones de la ciudadanía actual, ofreciendo unos servicios públicos de calidad y desempeñando, en consecuencia, el importante papel que Guaguas debe cumplir en una sociedad democrática.

Guaguas cuenta con un Código de Conducta Empresarial aprobado que incluye los comportamientos y actuaciones esperados y prohibidos por la sociedad, así como sus valores y principios. El Código de Conducta Empresarial se facilita al personal de la organización y terceros con los que se relaciona y puede ser consultado en el portal de transparencia (apartado 1.2) que se aloja en la página web corporativa de la empresa.

El Código de Conducta Empresarial es la base de la cultura ética en la organización, por lo que su correcta comunicación es de especial importancia en la lucha contra el fraude y los incumplimientos.

Política de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses

La Dirección de Guaguas se encuentra plenamente implicada con el cumplimiento normativo y más concretamente, con la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Por ello, se ha aprobado una Política para la prevención del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses, en la que se incluye una declaración explícita de lucha contra el fraude. Además, la Política incluye las normas que regulan la aceptación y el ofrecimiento de obsequios y gratificaciones en el ámbito de la organización, con el objetivo de minimizar los riesgos de fraude y corrupción. (Ver Anexo I).

Gestión del conflicto de intereses

Guaguas ha elaborado un Procedimiento de Gestión de conflicto de intereses (ver Anexo II), con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones, que suponen un riesgo en relación con las conductas de fraude y corrupción.

El conflicto de intereses es un riesgo de especial relevancia en el ámbito público, y más concretamente en relación con la gestión de fondos públicos, por lo que Guaguas exige la cumplimentación de una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses, tal y como se desarrolla en la Orden HPF/1030/2021 y se refleja en el Anexo II del presente documento.

Formación y concienciación

La formación y concienciación es una de las principales herramientas en la lucha contra el fraude y la corrupción. Es por eso por lo que, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, recoge como medida preventiva de las entidades perceptoras de fondos de la UE, la obligación de formar y concienciar a su personal, para fomentar la adquisición de conocimientos para la identificación y evaluación de riesgos, el establecimiento de controles específicos, así como la actuación en caso de detección de fraude.

En coherencia con lo indicado, forman parte de las actuaciones preventivas del fraude que Guaguas desarrolla en el marco del presente Plan de Medidas Antifraude, la formación y la concienciación dirigidas a todos los miembros del organismo, incluidos todos los niveles jerárquicos responsables del control, con el objetivo de que tomen conciencia y adquieran capacidades en la lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.

Se impartirán formaciones de forma periódica al personal de Guaguas y las actuaciones de concienciación consistirán en comunicaciones por parte de la propia sociedad. Todas ellas quedarán plasmadas en el “Plan de formación y concienciación”, tal y como se expresa en el Anexo III del presente documento.

Estas acciones formativas tendrán carácter teórico-práctico y serán impartidas bien a través de personal propio o con la colaboración de cualquier otro órgano o institución que divulgue conocimientos en materia de lucha contra el fraude.

Todas las formaciones que se impartan, así como las acciones de concienciación deberán ser medibles y se sustentarán con evidencias de cumplimiento para garantizar una pista de auditoría adecuada.

Reparto de funciones y responsabilidades

Para lograr la prevención y detección del fraude en las actuaciones que desarrolla Guaguas en el marco de sus competencias, se ha realizado el siguiente reparto de funciones y responsabilidades para gestionar el riesgo de fraude y de corrupción:

La gestión del riesgo de fraude y de corrupción se ha asignado al Comité de Compliance, que tiene la responsabilidad de:

Revisar y actualizar de forma periódica el presente Plan de Medidas Antifraude.

Llevar a cabo estudios periódicos del riesgo de fraude, con la ayuda de un equipo de evaluación.

Establecer una política de lucha contra el fraude efectiva y un plan de respuesta contra el fraude.

Asegurarse de que el personal que presta servicios en el organismo es consciente de todos los asuntos relacionados con el fraude y de que recibe formación al respecto.

Asegurarse de que Guaguas comunica inmediatamente casos de fraude que se produzcan para su investigación a los organismos competentes cuando se ocasionen y que se adoptan las medidas correctoras que procedan.

Asegurarse de que existe un sistema de control interno eficaz dentro del ámbito de su responsabilidad.

Los máximos responsables de cada área de actividad o departamento asumen las funciones de autoevaluación en materia de conflicto de intereses, riesgo de fraude y corrupción.

Cada dos años se encomendará a un profesional o empresa externa el desarrollo de las funciones de auditoría en la evaluación del riesgo de fraude y de la idoneidad del marco de control establecido en el organismo, verificando y controlando que los riesgos estén siendo gestionados apropiadamente y el sistema de control interno resulte efectivo.

Sistema de control interno de Guaguas

En el ámbito de la contratación pública y con respecto a los contratos menores (art. 118 y 318 LCSP), se realiza una verificación del envío y recepción de las declaraciones responsables de los licitadores que han sido adjudicatarios de contratos públicos. Dichas declaraciones serán revisadas por el área correspondiente y si son conformes se procederá a su archivo posterior en los expedientes asignados dentro de la plataforma de gestión que utilice Guaguas. Se trata de un control que va más allá de lo requerido en la normativa sobre Contratación Pública y que garantiza que en la contratación menor los adjudicatarios disponen de la correspondiente capacidad para contratar con el Sector Público.

Para la contratación pública Guaguas hace uso de diversas plataformas que automatizan y dan trazabilidad y seguridad a todo el proceso de contratación. Dichas plataformas están sincronizadas y parametrizadas para enviar la información de los expedientes al portal web oficial para el intercambio de información de contratación (la Plataforma de Contratación del Sector Público - PLACE).

En relación con la verificación de subvenciones, anualmente se realiza por parte de un auditor independiente la revisión del cumplimiento del contrato programa para el servicio regular de viajeros y otras subvenciones concedidas a Guaguas por la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria – AUTGC - (organismo público que regula la actividad de las empresas de transporte regular de viajeros por carretera en Gran Canaria). Dicho informe se remite a la AUTGC junto con los Estados Financieros auditados como parte la justificación que debe realizarse a este organismo público.

Autodiagnóstico

La implantación del presente Plan de Medidas Antifraude tiene como punto de partida el autodiagnóstico en materia de prevención del fraude, la corrupción y del conflicto de intereses, que realiza Guaguas, en base al cuestionario de autoevaluación incluido en el anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre (Ver Anexo IV).

Evaluación de riesgos

De acuerdo con lo recogido en la Orden HFP/1030/2021, Guaguas ha establecido un marco que garantiza la gestión de riesgos apropiada. En este contexto, se dispone de una metodología específica para el análisis y evaluación de riesgos relacionados con la ejecución de proyectos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, basada en la herramienta de autoevaluación de la Comisión, “Guidance Note on fraud risk assessment for 2014-2020”.

Con esta metodología, Guaguas pretende, por un lado, identificar aquellos riesgos específicos que pudieran ocurrir en los procesos de gestión y, por otro, seleccionar medidas efectivas y proporcionadas a adoptar para la mitigación de los riesgos de fraude, corrupción y de conflicto de intereses detectados.

La finalidad del sistema propuesto es valorar la efectividad de todas las medidas y acotar el nivel de riesgo de fraude, corrupción y de conflicto de intereses soportado dentro de los objetivos estratégicos marcados por la organización, utilizando para ello los medios puestos a disposición de la manera más eficiente y que permita la monitorización, supervisión y toma de decisiones en base a datos objetivos.

Para realizar el análisis y evaluación de riesgos de fraude y corrupción en las contrataciones que se efectúen en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se utilizará la herramienta Compaas, generando un análisis de riesgos para cada una de las actividades y proyectos que desarrolla y vaya a desarrollar Guaguas. Los análisis de riesgos se cumplimentarán teniendo en cuenta las fases descritas en el siguiente procedimiento para la evaluación y tratamiento de los riesgos:

Fase 1: Clasificación de los riesgos.

En primer lugar, se buscan y describen los riesgos atendiendo a las circunstancias específicas de la sociedad (las actividades que realiza, los tipos de contratos que se impulsan, o cómo están organizados los procesos de trabajo internos: recursos humanos, gestión económica-presupuestaria, etc).

Posteriormente se clasifican los diferentes tipos de riesgos clave para cada actividad y en relación con la ejecución del PRTR (incluido el análisis del riesgo de fraude, corrupción y de conflicto de intereses).

Para ello, se segregan las diversas áreas de actividad, atendiendo tanto a las amenazas procedentes del entorno o de carácter externo, como al riesgo operacional o de gestión.

Fase 2: Evaluación del riesgo inicial (determinación del riesgo inherente).

Una vez identificados los riesgos de fraude, corrupción y de conflicto de intereses asociados a los distintos procesos, la evaluación se realizará mediante el impacto y la probabilidad: las consecuencias de materialización del riesgo identificado y la probabilidad de que éste ocurra, respectivamente.

Las consecuencias de materialización del riesgo de fraude, corrupción y de conflicto de intereses guarda relación con la trascendencia y la magnitud del posible quebranto, en tanto que la probabilidad de ocurrencia del riesgo trata de medir la frecuencia con que podrían llegar a producirse los eventos desfavorables.

En ambos casos se combinan herramientas cuantitativas, junto a estrategias de análisis cualitativo y juicios subjetivos.

Fase 3: Evaluación de los sistemas de control interno (estimación del riesgo residual).

Una vez determinado el nivel de riesgo inherente (fruto de la combinación entre el impacto y la probabilidad de que se materialice el riesgo de fraude, corrupción y de conflicto de intereses), se evaluará la eficacia de las medidas ya existentes, con objeto de obtener la valoración ajustada al control interno y estimar el riesgo residual.

Para la identificación y valoración de los controles existentes se ha utilizado una metodología de cálculo que otorga un valor de mitigación en función a las características del control (tipología, método de ejecución y frecuencia del control) de manera que el poder mitigador será el resultado de la media de sus características.

Por último, en relación con la evaluación de los sistemas de control interno, se valorará el grado de eficacia de los controles para ajustar el poder de mitigación de estos en función de su correcta ejecución.

Fase 4: Definición e implementación del Plan de Acción para mitigar el riesgo de fraude y de corrupción.

En caso de que el riesgo residual no sea aceptable, se procederá a elaborar un Plan de Acción de mitigación del riesgo de fraude, corrupción y/o de conflicto de intereses en el que se determinarán actuaciones a realizar para minimizar el riesgo identificado, especificando, para cada una de ellas, el calendario para su aplicación, el responsable y los recursos necesarios para su ejecución.

Si el resultado del riesgo residual fuera superior a “aceptable”, se sugerirán tanto acciones inmediatas para subsanar potenciales desviaciones que pudieran haberse originado durante el otorgamiento de los fondos, como controles a implementar, en función de si el resultado del riesgo fuese “importante” o “grave”.

Fase 5: Evaluación del riesgo final.

Una vez definido este Plan de Acción, se procederá a la cuantificación del efecto de la implementación de las actuaciones propuestas por el Plan de Acción del Riesgo con objeto de valorar si el nivel de riesgo final se considera aceptable o no relevante.

Fase 6: Revisión y seguimiento del Análisis de Riesgos.

De conformidad con lo recogido en el artículo 6.5 c) de la Orden HFF/1030/2021, de29 de septiembre, el análisis de riesgos se revisará de forma periódica, en los intervalos planificados (con carácter anual o bienal en función del riesgo de fraude, conflicto de intereses y corrupción identificado en el análisis de riesgos y, en todo caso, cuando exista un expediente de investigación por un caso de fraude o cuando haya cambios relevantes en el contexto de Guaguasen relación con el presente Plan de Medidas Antifraude), iniciando la realización de un nuevo ciclo del protocolo de actuación de análisis de riesgos.

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN

Dado que las herramientas o controles de prevención que se describen en el punto anterior no garantizan una protección completa frente a los riesgos, Guaguas incorpora en el presente Plan de Medidas Antifraude, sistemas para detectar a tiempo los comportamientos fraudulentos que escapen a la prevención.

Las medidas de detección se apoyan en todas las personas involucradas en las tareas asociadas a la planificación, programación, gestión, evaluación y control de las actuaciones y contrataciones llevadas a cabo en ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La formación, descrita como una herramienta de prevención, es considerada por Guaguas, además, como una herramienta de detección del fraude, a través del análisis de las formaciones realizadas por el personal de la organización.

Indicadores

Las banderas rojas o alertas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude, corrupción y de conflicto de intereses. La existencia de una bandera roja no implica necesariamente la materialización de un riesgo, pero si indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude potencial.

Guaguas establece una serie de indicadores o banderas rojas que son comunicadas al personal gestor en posición de detectarlas en el desempeño de sus funciones.

El empleo de estos indicadores conlleva que a cada riesgo identificado mediante la correspondiente evaluación de riesgos se le asociará una o varias banderas rojas, de forma que la aparición de una bandera roja constituirá uno de los principales criterios para determinar la existencia de posible sospecha y por lo tanto la obligatoriedad de hacer seguimiento del mismo y en caso de considerarse necesario, implementar controles adicionales con el objetivo de mitigar los riesgos de fraude, corrupción y conflicto de intereses.

Guaguas cuenta con unos indicadores o banderas rojas asignados a cada riesgo potencialmente aplicable a la sociedad, sin perjuicio de poder ser ampliados en caso de considerarse necesario. Estos indicadores o banderas rojas pueden ser consultados en Compaas.

Canal de denuncias

Guaguas pone a disposición de su personal, así como de terceros interesados, un canal de denuncias para realizar comunicaciones de buena fe, en caso de que tuviera conocimiento de irregularidades en relación con la gestión de activos, contratación o pagos efectuados por parte de Guaguas, que habiendo sido objeto de cofinanciación europea por los fondos Next Generation EU, fueran objeto a su entender, de prácticas fraudulentas o engañosas. Guaguas exige a todo su personal, de forma imperativa, que comunique este tipo de conductas que sean sospechosas de fraude, corrupción o que puedan suponer una situación de conflicto de intereses.

El canal de denuncias se articula mediante la siguiente dirección de correo electrónico, a la que se podrá enviar dichas comunicaciones de denuncia:

canaldenuncias@guaguas.com

La comunicación de denuncia deberá contener como mínimo lo siguiente:

Identificación del denunciante.

Descripción del hecho o suceso sospechoso, detallando:

En qué consiste la conducta potencialmente irregular.

Personas posiblemente implicadas.

Fechas aproximadas de ocurrencia.

Medios en que se ha realizado la posible conducta ilícita.

Área de negocio afectada.

Posible impacto en procesos relevantes de la Empresa (por ejemplo: contratación, tributación, contabilidad…).

Posible impacto económico.

Aportar evidencias o documentos de los hechos denunciados.

Se indicarán las pruebas que se puedan tener sobre los hechos y se acompañará copia de los documentos que el denunciante estime oportunos.

Toda la información y los datos facilitados a través del canal de denuncias serán tratados con total confidencialidad según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La organización cuenta además con un procedimiento de gestión e investigación del canal de denuncias, en el que se regula el proceso de gestión e investigación de las comunicaciones que se reciben a través del mismo, en relación con las comunicaciones sobre posibles casos de fraude, corrupción y lucha contra el conflicto de intereses.

Considerando que el acceso a información que pueda ser constitutiva defraude o irregularidad depende de que las personas que tengan conocimiento de dichos hechos deseen ponerlos en conocimiento, el refuerzo de los canales de comunicación para la detección del fraude en Guaguas conlleva actuaciones de concienciación para el personal que presta servicios en el organismo, en particular de quienes gestionan proyectos financiados con fondos europeos permitiendo que:

Comprendan en qué situaciones deben notificar sus sospechas de comportamiento fraudulento o ejercer el control.

Confíen en que sus sospechas van a recibir una respuesta por parte de Guaguas.

Comprendan que la notificación de sospechas de fraude es actuar de buena fe, entendida ésta como la creencia racional de que la información revelada es cierta y que con la denuncia actúa en aras de salvaguardar los intereses públicos y el bien común.

Confíen en que puede realizar sus notificaciones de forma confidencial y que Guaguas no va a tolerar ningún tipo de represalias contra los miembros que comuniquen sus sospechas.

Comprendan que, en ningún caso, la denuncia de estos hechos o conductas supondrá una infracción del deber de sigilo impuesto al personal empleado respecto de los asuntos que conozca por razón de sus funciones, ni tampoco responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha revelación.

Comprendan que no serán responsables por los daños y perjuicios que puedan derivarse de la comunicación o divulgación de la alerta fundada, ni incurrirán en ningún otro tipo de responsabilidad, civil o penal, que pueda desprenderse de tales circunstancias, incluidas expresamente las referidas al posible menoscabo del derecho al honor y de la protección de datos personales, salvo que se demostrara que la persona denunciante conocía la escasa fiabilidad, inexactitud o falsedad de la información.

Sepan que es un deber exigible la colaboración en la investigación que se esté llevando a cabo, a requerimiento de la propia organización, del Ministerio Fiscal o de la Autoridad judicial.

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN

Adicionalmente, el presente Plan de Medidas Antifraude incluye una serie de controles y medidas para la corrección frente a acciones defraude, corrupción y conflicto de intereses, y que hayan sido detectados o existan sospechas fundadas de poder estar cometiéndose. En concreto se han aprobado las siguientes medidas:

Suspensión inmediata del procedimiento de contratación vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, en general, de cualquier proyecto o programa financiado con fondos públicos o comunitarios, que se encuentre ante una situación de fraude, corrupción y conflicto de intereses, así como notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos y entidades implicados.

Revisión de los proyectos y contratos que hayan podido estar expuestos al mismo, así como de los sistemas internos de control para identificar sus vulnerabilidades y corregirlas.

Los controles correctivos se estructuran en 4 fases:

Recepción de la información:

Cuando se identifique un supuesto de fraude, corrupción o conflicto de intereses o exista una sospecha de ello y tras la respectiva notificación de tal circunstancia de acuerdo con los requisitos anteriormente expuestos, Guaguas recabará toda la información relacionada con los hechos comunicados y, particularmente, sobre los contratos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el propósito de mejorar el sistema interno de gestión y control si fuera necesario.

Guaguas llevará a cabo una revisión exhaustiva, y con espíritu crítico, de cualquier sistema de control interno relacionado con el caso de fraude identificado, al haber quedado expuesto a un fraude potencial o demostrado.

Además, se colaborará con la autoridad competente para valorar si es preciso abrir una investigación y si procede emprender la recuperación de los importes indebidamente percibidos, con la correspondiente acción penal que se pudiera emprender.

Análisis de la información:

Guaguas analizará la información para verificar si existe o no una irregularidad, y una vez determinado que existe, habrá que evidenciar si esa irregularidad contiene los elementos necesarios para ser considerada como fraude o supuesto de corrupción.

Investigación del supuesto:

En aquellos casos en los que se identifique un fraude, una conducta corrupta o un conflicto de intereses o exista una sospecha de estos y se considere necesario, se podrá abrir un proceso de investigación que permita esclarecer los hechos.

Durante la investigación, se analizará si los hechos pudieran ser constitutivos de alguno de los delitos contra la Hacienda Pública tipificados en el Título XIV del Código Penal, y en caso de que su conclusión fuera negativa, si pudiera constituir delito de cualquiera otra naturaleza.

Si el análisis concluyese que los hechos podrían constituir la presunta comisión de un delito, del tipo que fuere, se propondrá la remisión del expediente a la Fiscalía General del Estado, mediante un escrito.

Si a través de la investigación, se concluye que existe una irregularidad, se elaborará un informe que recoja toda la información sobre los hechos fraudulentos detectados, en el plazo más breve posible y se comunicará al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-, para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Conclusiones de la investigación:

Si se confirma la existencia de un fraude, corrupción o conflicto de intereses, se deberá:

Adoptar medidas/sanciones disciplinarias o administrativas contra la persona implicada.

Evaluar la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o puntual.

Poner fin al contrato financiado por el MRR afectado por el fraude, conforme a los procedimientos recogidos contractualmente y la Ley.

Hacer público lo ocurrido para garantizar la transparencia de las decisiones y, como elemento disuasorio, para impedir que vuelvan a producirse situaciones similares.

Por otro lado, si el fraude, corrupción o conflicto de intereses es de naturaleza penal, se deberá, además de las medidas especificadas anteriormente, y de acuerdo con la legislación vigente:

Informar a la Fiscalía para que incoe un procedimiento penal.

Supervisar los aspectos administrativos del caso.

HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE PERSECUCIÓN

Guaguas, a través del presente Plan de Medidas Antifraude, tiene implementados una serie de controles de persecución sobre aquellos casos sospechosos de fraude, corrupción y/o conflicto de intereses procediendo a:

Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y de tratarse contratos financiados con fondos europeos, se comunicará el asunto a la Secretaría General de Fondos Europeos, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comunicación a la Intervención General de la Administración del Estado.

Denunciar los hechos punibles, si fuese el caso, a las Autoridades competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA) para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude –OLAF.

Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o, si fuera el caso, incoar un expediente disciplinario.

Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos oportunos.

Recuperación de fondos

Adicionalmente, se valorará si procede emprender acciones de recuperación de los importes indebidamente percibidos y la acción penal correspondiente. Valorado afirmativamente, Guaguas exige la recuperación de los pagos emitidos y hace el seguimiento de la recuperación de los fondos de la UE.

La aplicación de estas sanciones, y su visibilidad, son un elemento de disuasión fundamental para los defraudadores, y por tanto Guaguas debe actuar con determinación para conseguir ese resultado.

Seguimiento del proceso

Una vez concluida la investigación, debe llevarse a cabo la revisión de cualquier proceso, procedimiento o control relacionado con el fraude, la corrupción y conflicto de intereses potencial o probado. Esta revisión será objetiva y autocrítica, proporcionando unas conclusiones claras.

Se garantizará la absoluta cooperación con las autoridades responsables de la investigación y con las autoridades judiciales, especialmente en lo que respecta a la conservación de los archivos en un lugar seguro y a las garantías de su transferencia en caso de cambios de personal.

Potestad sancionadora

Guaguas posee potestad sancionadora, con la finalidad de impedir que se consoliden situaciones de antijuridicidad, corregir las actuaciones contrarias a la legalidad e imponer sanciones a los responsables de las irregularidades administrativas, por la realización de acciones u omisiones constitutivas de infracción.El presente Plan de Medidas Antifraude, así como las distintas políticas y procedimientos que lo integran son de obligado cumplimiento para todo el personal de Guaguas.

Por ello, los incumplimientos en relación con dichos documentos serán sancionados de acuerdo con la normativa interna de Guaguas, con el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación.

Las medidas a tomar para sancionar los casos de fraude, corrupción y conflictos de intereses se regulan de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III.C de la Orden HFP/1030/2021 y la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (denominada Directiva PIF), dentro de su artículo 3.1: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuando se cometan intencionadamente” y de su artículo 7 “régimen de sanciones”.

Además, será de aplicación lo estipulado en el capítulo 9 del vigente Convenio Colectivo y/o en el Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, para los supuestos en los que, por razón de la persona y el cargo desempeñado en Guaguas, no le resultare de aplicación ni el Convenio Colectivo ni el Estatuto de los Trabajadores, será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Buen Gobierno.

PUBLICIDAD DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

Con la publicación del Plan de Medidas Antifraude se da cumplimiento a la obligación de publicidad activa recogida en los arts. 6 y 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

Toda incidencia que afecte al contenido de este Plan de Medidas Antifraude (introducción de nuevos procedimientos, abandono o modificación de los anteriores, etc.) implicará una actualización de este, donde se recoja dicha incidencia, datando el Plan con la fecha del mes de la actualización, guardándose un registro histórico del mismo. Con carácter anual, se llevará a cabo una verificación del correcto uso y aplicación del presente Plan de Medidas Antifraude por parte de los órganos y responsables de ejecutar los procedimientos y medidas previstos en el mismo, así como identificar las necesidades de mejora que se considere oportuno introducir.

En una primera acción, el Comité de Compliance, durante el primer trimestre del año 2022, supervisará la elaboración del despliegue procedimental y documental del presente Plan de Medidas Antifraude.

ANEXOS AL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

Anexo I: Política de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses

Guaguas Municipales S.A. (en adelante Guaguas), es la empresa municipal de transportes de Las Palmas de Gran Canaria. Somos una compañía 100% pública y prestamos el servicio de transporte colectivo urbano en la ciudad.

El personal que integra Guaguas tiene, entre otros deberes, “velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”.

Guaguas manifiesta su compromiso de mantener los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales. Por ello, suscribe los más altos principios de integridad, objetividad y honestidad, mostrando tolerancia cero ante el fraude y la corrupción en todas sus formas.

Conforme al compromiso adquirido, el objetivo de esta política es promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta y/o corrupta, y que haga posible su prevención y detección, así como el desarrollo de procedimientos y normas que faciliten la investigación de irregularidades y permita garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.

Guaguas, como responsable de la gestión cotidiana de los riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses, se encarga de:

Asegurarse de que existe un sistema de control interno eficaz dentro del ámbito de su responsabilidad.

Prevenir y detectar el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.

Asegurarse de que el personal es consciente de los asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses y que recibe formación al respecto.

Asegurarse de que se lleva a cabo la diligencia debida y de que se toman medidas cautelares en caso de sospecha de fraude, corrupción y/o conflictos de intereses.

Adoptar medidas correctoras, incluyendo sanciones administrativas y comunicación a las autoridades competentes, si procede.

Implementar canales eficaces para facilitar la comunicación de los casos de fraude, corrupción y conflicto de intereses, garantizando la confidencialidad, la ausencia de represalias contra los comunicantes de buena fe y el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de Protección de Datos Personales.

Guaguas se compromete a realizar una evaluación de riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses de la institución en relación con la gestión de los fondos europeos Next Generation EU, así como a implementar controles contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses de forma proporcionada. Para garantizar su eficacia, se asignan responsables a cada control con el objetivo de poder monitorizar su desempeño.

Además, Guaguas regula a través de la presente política y su Código de Conducta la realización y aceptación de regalos, obsequios e invitaciones de cualquier tipo por parte de terceros, así como por parte de los miembros de la organización. Por norma general, el personal de la organización rechazará aquellas atenciones, regalos o servicios que, por exceder de los usos sociales o de cortesía, puedan condicionar el buen desempeño de sus competencias.

Esta política y todos los procedimientos que conforman el Plan de Medidas Antifraude de Guaguas son aprobados y revisados periódicamente por la dirección.

Anexo II: Procedimiento de gestión de conflictos de intereses

Guaguas Municipales S.A. (en adelante Guaguas) establece controles para gestionar los conflictos de intereses que puedan producirse en el seno de la institución. En este sentido, se ha elaborado el presente procedimiento para establecer controles que logren mitigar los riesgos derivados de la existencia de conflicto de intereses en relación con el personal de Guaguas.

El conflicto de intereses se define en el artículo 61 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero) del siguiente modo: «cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal».

Sin embargo, desde Guaguas se considera que el enfoque destinado a detectar las situaciones que pueden generar conflictos con el deber público también se tiene que abordar desde una perspectiva de prevención del fraude. Es habitual encontrarnos actualmente con situaciones o conductas afectadas por un conflicto de intereses, que son toleradas, por lo común de su ocurrencia.

Esta circunstancia, junto a la dispersión normativa de la regulación de los mecanismos para prevenir, detectar y corregir los conflictos de intereses, dificulta la imprescindible toma de conciencia por parte del empleado público.

Las situaciones de conflicto de intereses pueden producirse en cualquier momento, por tanto, se deben prevenir y abordar. En la Comunicación (2021/C 121/01), de la Comisión Europea, se establecen orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero de la Unión Europea, precisando que es de vital importancia prevenir o gestionar adecuadamente esta situación cuando se produce, al considerarse como un requisito crucial para mantener la transparencia, la reputación y la imparcialidad del sector público, la credibilidad de los principios del Estado de Derecho como un valor fundamental de la Unión Europea y de España, así como para mantener la confianza del público en la integridad y la imparcialidad de los organismos y los funcionarios públicos, y en los procesos de toma de decisiones que están al servicio de los intereses generales.

Es por ello, que en el marco de las actuaciones de prevención del fraude y la corrupción que incorpora el Plan de Medidas Antifraude de Guaguas, la identificación, prevención y detección de conflictos de interés constituye un punto de capital importancia en la estrategia de integridad y contra el fraude que persigue implantar la organización.

A continuación, se detallan algunos ejemplos de conductas que podrían suponer una situación de conflicto de intereses, aplicables a Guaguas:

Favoritismo inexplicable o inusual a un contratista en particular;

Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad;

Empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de intereses o lo hace de forma incompleta;

Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones y contrataciones;

Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado;

Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos;

Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado de contratación;

No considerar conflictos de intereses al designar miembros de los órganos de asistencia (mesa/ comité de expertos / concurso de proyectos).

Identificación de un riesgo de conflicto de intereses

Si se identifica un riego de conflicto de intereses o se declara o detecta antes o durante el procedimiento de gestión de los proyectos de inversión vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Guaguas adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar el procedimiento. Para ello, en el marco del Plan de Medidas Antifraude, se han implantado o se prevén implantarlas siguientes actuaciones y controles:

Cuando proceda, analizar los hechos con la persona implicada para aclarar la situación.

Excluir a la persona en cuestión del procedimiento, tanto si se trata de un miembro de la plantilla como si es un experto externo.

Cambiar el reparto de funciones y responsabilidades del personal.

Cancelar el procedimiento afectado.

Establecer normas claras sobre lo que se espera de los empleados para evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses, tanto cuando se incorporan a la organización como a lo largo de su carrera.

Señalar claramente que los empleados son responsables de gestionar y evitar los conflictos de intereses.

Proporcionar una descripción clara y realista de las circunstancias y relaciones que pueden conllevar una situación de conflicto de intereses.

Reconocer que las organizaciones públicas son responsables de definirlas situaciones y actividades que son incompatibles con su función o sus deberes públicos.

Informar, formar y asesorar en esta materia a las personas interesadas.

Firma de la declaración responsable de ausencia de conflicto de intereses (DACI).

Establecer un régimen de incompatibilidades.

Comprobación de información a través de bases de datos de los registros mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, expedientes de los empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través de la utilización de herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos.

Actuaciones Obligatorias

Tal y como se prevé en la citada Orden HFF/1030/2021, de 29 de septiembre, como actuaciones obligatorias, Guaguas exige la cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses por parte de los órganos intervinientes en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (ver DACI).

La declaración de ausencia de conflicto de intereses contendrá la siguiente información:

Definición de conflicto de intereses.

Referencia clara al procedimiento en cuestión.

El nombre y apellidos del signatario y el documento de identidad.

Fecha y firma.

En Instrucción de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de noviembre de 2021, expone, con respecto a la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que la obligación se impone en las diferentes fases del contrato a todos los intervinientes en el mismo y, de una manera especial al titular o titulares del órgano de contratación, a los que participen en la redacción de los pliegos del contrato (tanto el de cláusulas administrativas particulares como el de prescripciones técnicas).

Será extensivo a los miembros de las mesas o juntas de contratación, a los miembros del comité de expertos o a los técnicos que elaboren los informes de valoración en el seno del contrato.

También resulta imprescindible que el contratista presente la declaración, la cual en su caso debe aportarse en el mismo momento de la formalización del contrato o inmediatamente después. Igualmente habrá de presentarse por todos los subcontratistas.

En el marco del presente Plan de Medidas Antifraude, Guaguas considera de suma importancia que las unidades de gestión del organismo y los beneficiarios que lleven a cabo el procedimiento de contratación pública sean conscientes de las situaciones de conflicto de intereses posible y potenciales y de sus implicaciones, de cómo actuar en dichos casos y de cuáles son las sanciones aplicables.

La supervisión del procedimiento de declaraciones y la responsabilidad de mantener actualizados los registros será encargada a una persona que no esté directamente implicada en la contratación.

Los conflictos de intereses cambian con el tiempo. Por ello, resulta crucial que se haga un seguimiento y se actualicen adecuadamente las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses.

Si un empleado obtiene nueva información durante el procedimiento o se produce un cambio de circunstancias, dicho empleado deberá declarar a su superior de forma inmediata tal conflicto de intereses aparente, potencial o real, siendo la definición de estos la siguiente:

Conflicto de interés real: el empleado tiene un interés particular en relación con determinada circunstancia y efectivamente ya se encuentra en esa situación. Por ello podríamos decir que los conflictos de intereses reales son riesgos actuales.

Conflicto de interés potencial: el empleado tiene un interés particular que podría influir a la hora de emitir un juicio profesional desde la posición o el cargo que ocupa, pero todavía no se encuentra en una situación en la cual deba ofrecer dicho discernimiento.

Conflicto de interés aparente: el empleado no tiene un conflicto de interés —ni real, ni potencial—, pero algún otro podría llegar a concluir, de forma razonable y aunque fuese solo tentativamente, que sí lo tiene.

El superior jerárquico confirmará por escrito si considera que existe tal conflicto. Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos velará por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto, pudiendo adoptar cualquier otra medida adicional de conformidad con el Derecho aplicable.

Guaguas mantiene un registro de declaración de conflicto de intereses para el procedimiento de contratación pública pertinente.

El hecho de efectuar la declaración puede dar una falsa impresión de seguridad y a la persona que la presenta una falsa sensación de descargo, por lo que es importante que las personas sepan que sus declaraciones pueden ser verificadas.

La verificación será proporcionada, encontrando un equilibrio entre la necesidad de la comprobación y la necesidad de no complicar las gestiones y reducir la carga administrativa, teniendo en cuenta que los conflictos de intereses pueden influir en cualquier fase del procedimiento de toma de decisiones en la contratación pública.

Modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses

Modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)

Expediente número

Contrato / Subvención

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba referenciada, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente, DECLARA:

PRIMERO. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

SEGUNDO. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.

TERCERO. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

CUARTO. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicación.

LEÍDO Y ACEPTADO

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

Anexo III: Plan de formación y concienciación

PLAN DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Fecha:
Acciones Formativas
Acción	Responsable	Destinatarios	Plazo	Seguimiento
Acciones de Concienciación
Acción	Responsable	Destinatarios	Plazo	Seguimiento

Anexo IV: Cuestionario de autoevaluación